“Chablekal no se vende”

Por el derecho a la tierra y el territorio

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Gabriela Torres-Mazuera, profesora-investigadora del CIESAS Peninsular, gato74@gmail.com

Rodrigo Llanes Salazar, Presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C., rodrigo.llanes.s@gmail.com

Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Equipo Indignación, A.C., jofeme@hotmail.com

Una de las principales fuentes de riqueza y de conflicto en Yucatán son las tierras. La especulación inmobiliaria y la lucha de los pobladores por sus tierras son las dos caras de una sola moneda que actualmente está en el aire en el Estado.

Hace un par de semanas, el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín declaró que Yucatán ocupa el tercer lugar a nivel nacional en litigios por la tierra, después de Baja California y Quintana Roo. Estos conflictos se deben, según Ramírez Marín, a la especulación. El propio diputado federal reconoció a fines del año pasado que la expansión de Mérida hacia el norte, impulsada por la especulación inmobiliaria, constituye la “mayor tragedia ecológica” de Yucatán, y ha sido la fuente de más de 1,900 conflictos, sólo en los alrededores de la capital yucateca.

Las aseveraciones de Ramírez Marín pueden extenderse fácilmente a diferentes ejidos en todo el Estado, como Ucú, Halachó, Hunucmá, Chocholá, Valladolid, entre otros. Sin embargo, resulta cuestionable su afirmación sobre el “excelente trabajo de los tribunales agrarios” para solucionar estos conflictos. Al respecto, el caso de Chablekal, pueblo ubicado a tan sólo 20 kilómetros de Mérida, resulta ilustrativo de la ineficiencia de los tribunales agrarios y autoridades de la Procuraduría Agraria.

El 28 de agosto de 2014 se constituyó la “Unión de pobladoras y pobladores del pueblo de Chablekal por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales” (de ahora en adelante: “Unión”). De acuerdo con un comunicado de la Unión, dicho grupo está conformado por “poco más de 250 personas entre hombres y mujeres; muchos somos hijos e hijas de ejidatarios, otros somos hijos e hijas de ejidatarios que fueron depurados de manera ilegal; también estamos aquellos que hace años llegamos y que nos establecimos, haciéndonos vecinos. Todos aquellos somos vecinos y naturales porque somos hijos e hijas nacidos en este pueblo de Chablekal”.

gabriela.torres-mazuera

Dra. Gabriela Torres-Mazuera, CIESAS-Peninsular

¿Qué es lo que exige la Unión? La demanda es una, simple y fundamental: que el ejido pare las ventas de las tierras del pueblo. Su consigna es: “La tierra es de todos y todas”.

En su lucha, la Unión presentó una demanda —en septiembre de 2014— ante la Procuraduría Agraria del Estado de Yucatán, en la que se solicitó la intervención de dicha autoridad para suspender las transacciones que se pudieran hacer con las tierras de Chablekal y, en octubre de ese mismo año, presentó otra demanda ante el Tribunal Unitario Agrario para exigir el reconocimiento de su derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales. A diferencia de lo sostenido por Ramírez Marín, las respuestas de las autoridades agrarias han sido lentas y de rechazo a las demandas de las pobladoras y pobladores.

Este conflicto tiene como antecedente un conjunto de prácticas ilegales avaladas por las autoridades agrarias. Un ejemplo es que algunos empresarios que no son residentes de los ejidos ni mayahablantes son reconocidos como ejidatarios o avecindados con el fin de adquirir, por la vía de la enajenación, grandes extensiones de tierra ejidal. Este es el caso de Carlos Abraham Mafud, quien ha adquirido cientos de hectáreas en Chablekal y recientemente ofreció entregar 5 mil pesos a cada uno de los ejidatarios como anticipo de una nueva compraventa por una superficie no determinada de tierras que se encuentran en el polígono “Misnebalam”. Este hecho, junto a otros, ha sido denunciado por la Unión ante la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, sin una respuesta clara sobre el asunto.

Chablekal

Una posibilidad: los derechos de los pueblos indígenas. La historia reciente de Chablekal no es excepcional y debe entenderse como parte de un proceso de privatización y mercantilización de las tierras ejidales que se remonta por lo menos a la década de los noventa del siglo pasado. La demanda de los habitantes de Chablekal pone en evidencia cierta obsolescencia del modelo ejidal y la Ley Agraria y nos obliga a preguntarnos: ¿cómo es posible que el ejido, concebido en alguna época como una herramienta revolucionaria de transformación social incluyente, sea en la actualidad un mecanismo de exclusión y despojo de los principales recursos naturales (tierra, agua, bosque) en las localidades rurales e indígenas del país?

Hay que destacar un aspecto fundamental de la lucha de la Unión: están hablando de derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales.

A diferencia de los empresarios, para las pobladoras y pobladores pertenecientes al pueblo maya, la tierra, el territorio y los recursos naturales no son sólo recursos económicos para enriquecerse monetariamente, sino, como expresa uno de los pobladores, forman parte esencial de su patrimonio comunitario que ha permitido una continuidad en su forma de vida. Por eso la Unión plantea sus demandas en términos de los derechos de los pueblos indígenas.

Cabe recordar que en 1991 el Estado mexicano ratificó el “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. En su Artículo 14, el Convenio 169 establece que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”. El propio Estado mexicano ha reformado su Constitución en dos ocasiones —en 1992 y en 2001— para reconocer los derechos de los pueblos indígenas del territorio y el Estado de Yucatán ha hecho lo propio en 2011 con la “Ley Para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán”.

Asimismo, en 2011, el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Una de las novedades de esta reforma es que en su Artículo 1 establece que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” (el énfasis es nuestro). Así, esta reforma obliga a los jueces y magistrados a incorporar en sus determinaciones lo establecido en los tratados internacionales, como el ya citado Convenio 169 de la OIT.

De esta forma se abren y renuevan los términos del debate agrario, así como la dimensión excluyente, para una buena parte de la población indígena, de la Ley Agraria. Además, la demanda por el territorio está en sintonía con otras demandas dirigidas a la democratización de la sociedad mexicana —como el derecho a la consulta previa, libre e informada— y constituyen una posibilidad de justicia ante la crisis económica y ecológica a escala mundial. Por lo tanto, es preciso insistir en que los tribunales agrarios no dejen de lado el derecho nacional e internacional que protege a los pueblos indígenas y a sus tierras, territorios y recursos naturales. — Mérida, Yucatán.

Para las pobladoras y pobladores pertenecientes al pueblo maya, la tierra, el territorio y los recursos naturales no son sólo recursos económicos.

Publicado el lunes 14 de marzo de 2016, en Diario de Yucatán
yucatan.com.mx

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