Advierte estudio de la Dra. Claudia Zamorano, sobre los retos del Estado ante la propagación de policías públicos y privados en México

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• Se cuentan con 405 mil policías privados, vs los más de 367 mil que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• La seguridad en México fluctúa entre policías privados y públicos que coexisten entre cooperación y traslapes de competencias, advierte CIESAS.

México, D.F. a 1° de octubre de 2015.- El crecimiento exponencial de las agencias de seguridad privada en México, así como el aumento en el número de los elementos policiacos a cargo de las autoridades oficiales, impone nuevos retos para el Estado, revela un estudio interuniversitario encabezado por la Doctora Claudia Zamorano Villarreal, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, (CIESAS).

La investigación “Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas . Retos institucionales, socio-culturales y territoriales”, establece que hasta el 2014 existían 450,000 mil guardias de seguridad registrados legalmente, contra los 367 mil 608 de policías estatales y municipales reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de noviembre de 2014.

Bajo esta perspectiva, el estudio se pregunta qué tan pública es la seguridad pública en México, cuya realidad lleva a establecer una serie de paradojas que nos llevan a pensar la seguridad pública como el producto de una coproducción compleja entre agentes públicos y privados.

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“Las acciones de estos agentes fluctúan entre cooperación, conflicto y traslape de competencias; contribuyen a desdibujar la frontera entre lo público y lo privado; y debilitan, al final de cuentas, el monopolio legítimo de la violencia del Estado”, considera Zamorano Villarreal.

El Boom de las agencias de seguridad privadas
La investigadora de CIESAS refiere que a finales de los años ochenta, la certeza de que la seguridad pública era un asunto de Estado comenzó a derrumbarse en México: “Desde entonces, la inversión privada empezó a ganar terreno en la producción de servicios de seguridad, tanto que el INEGI integró el rubro en los Censos Económicos de 1989 contando 210 empresas”.

De aquel año al 2014 el número de compañías que ofrecen el servicio de seguridad privada se multiplicó por 18, al pasar de las 210 empresas arriba referidas a 3 mil 834. “En el último cuarto de siglo, anualmente se sumó al negocio de la seguridad un promedio de 151 empresas con dimensiones y calificaciones muy desiguales”.

Respecto al número de agentes de seguridad privada, Claudia Zamorano refiere que sólo de 2003 a 2009 pasó de 124 mil a 179 mil activos, y para el 2014, según los datos arrojados por Arnulfo Garibo, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares (Conesprysir), existían unos 450,000 mil guardias de seguridad privada registrados legalmente: “Esto significa cerca de un 14% de la población económicamente activa ocupada en el país”, consigna.

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La erosión del monopolio legítimo de la violencia del Estado
La investigación refiere que en México mucho se ha estudiado el fenómeno de las policías comunitarias y ciudadanas registradas en varios estados del país, como una manera diferente para resolver conflictos donde no interviene el Estado, pero poco se ha integrado a estos análisis el papel de los vigilantes de seguridad privada en este proceso de erosión.

Refiere que para las autoridades, regular estas empresas es en extremo complicado y deficiente, principalmente porque la planta de empleados estatales que se dedican al control de tales compañías es muy reducida y no se da abasto.
“Además se suman también actos de corrupción tanto de reguladores como regulados, lo que se refleja con el amplio número de agencias de seguridad que funcionan sin permiso del gobierno. La Conesprysir estima que en esas empresas trabajan unos 600,000 mil guardias”, indica Zamorano Villarreal.

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Aumento de la intervención del Estado en la seguridad pública mientras se incrementa la seguridad privada.
Sobre las políticas públicas actuales que en esencia tienden a retirarse del suministro y administración de servicios públicos, como sucede con la salud, por mencionar un caso, el estudio refiere que esto no sucede con la seguridad en los bienes y en la integridad física de los ciudadanos; incluso, sostiene, el gasto público en este rubro se ha incrementado en los últimos años.

Señala que en el sexenio de Felipe Calderón el presupuesto a la Secretaria de Seguridad Pública aumentó 142%, y en este sexenio se han destinado a la Gendarmería de la República y al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, un total de 538 millones de dólares, un poco más del 17% de todo el presupuesto asignado a la SSP en 2012.

La razón por la que el Estado no se retira del control de la seguridad se debe a que la reestructuración de este sector y sus reglas del juego no son idénticas a los cambios que en México se hacen en otras áreas como el petróleo, la educación o la salud, las cuales han sido sujetos de profundas reformas estructurales.

Además, las políticas públicas seguidas durante los últimos sexenios dependen más de lo estratégico que sea cada sector de servicio en un país dado, y en México la posición de la seguridad pública es políticamente trascendental, lo que lo obliga a intervenir más firmemente.

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Las “burbujas de la seguridad privada”
A partir de etnografías en varias partes del Valle de México, la investigación ha revelado lo que se denomina “burbujas de la seguridad privada”; es decir, colonias altamente resguardadas con dispositivos de seguridad sofisticados y vigilantes calificados, que ciertamente disminuyen la incidencia delictiva, pero que también pueden resguardar a sujetos del crimen organizado, como sucedió en mayo de 2010, cuando en el Condado Sayavedra, en el Estado de México, se encontró una de las casas de seguridad vinculada al narcotraficante Edgar Valdez, alias “La Barbie”.

La investigación concluye que, aun con el incremento del presupuesto para la seguridad pública, en las clases alta y media alta siguen existiendo espacios cerrados en sus colonias donde ellos co-patrocinan a sus propios policías; la clase media baja cierre calles con o sin permiso delegacional, y la clase baja o sectores populares se atrincheran, cierren calles o amenazan con linchamientos a cargo de auto-defensas urbanos.

“Es decir, se mercantiliza el servicio público de la seguridad policiaca, se engrandece más la brecha entre ricos y pobres (porque es notorio que los ricos pueden pagar su seguridad vs los sectores menos favorecidos), y se fragmenta el espacio urbano ya que entra en juego una nueva geografía que trae como consecuencia el miedo y el estigma”.

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