Fue a finales de 2013 cuando el politólogo Carlos Antonio Flores Pérez elaboró un documento que circula en el CIESAS sobre los riesgos del trabajo de campo y en archivos. En el escrito de ocho páginas advierte a los investigadores sobre los peligros de trabajar temas sensibles como el tráfico de personas, la guerra sucia y la corrupción institucional, o acudir en busca de información a zonas de conflicto o con altos índices de inseguridad.
Flores Pérez establece indicadores de alerta y propone medidas de protección como identificarse siempre como académico, prever a quién podría molestar una investigación y estar atento a su reacción, no provocar a los poderes fácticos locales, manejarse con prudencia y no tomar a la ligera ninguna amenaza.
«Incluimos en el documento una serie de apreciaciones», indica. «Para algunas personas son consejos muy básicos, pero para otras no tanto, depende de qué tan acostumbrado esté alguien a tomar precauciones».
El académico del CIESAS, autor de Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, donde evidencia la red de corrupción política que generó el narcotráfico en los años 40, considera que no existen en ese Estado las condiciones para hacer este tipo de investigación. Flores Pérez se basó en documentos gubernamentales del Archivo General de la Nación y en fuentes hemerográficas.
«En un lugar pequeño es más fácil ser detectado y que existan represalias directas», explica.
«En Tamaulipas, los políticos que han controlado la entidad forman un núcleo bastante compacto, que controla los actores sociales, los medios, y es muy difícil no ser descubierto».
La inseguridad genera vacíos de información que resultan dañinos, advierte Flores Pérez, porque en lugar de un análisis basado en datos objetivos, persisten los prejuicios. «Es una situación grave, lamentable, que está limitando la reflexión social y el diagnóstico de la situación en las comunidades».
Las investigaciones que son interrumpidas por la violencia a menudo no se retoman. Sobran ejemplos. El arqueólogo Joel Santos Ramírez no pudo concluir hace una década el registro de las misiones jesuitas en Sinaloa porque la delincuencia le impidió entrar a la sierra de San Ignacio, mientras que su colega José Luis Punzo tuvo que suspender en 2010 una investigación de cuatro años en la Cueva del Maguey, en la sierra de Durango, después de recibir amenazas directas.
En un caso que sucedió en Guerrero, recuerda Flores Pérez, antropólogos que estudiaban a la policía comunitaria se vieron obligados a salir del lugar, y ahora temen tanto regresar como publicar su trabajo, porque podrían dejar vulnerables a sus fuentes.
«Depende del arqueólogo que se retome un proyecto», precisa Pedro Sánchez Nava (Coordinador de Arqueología del INAH). «La normatividad establece que la autorización dura doce meses, en ese tiempo puede reprogramar sus salidas, o decidir suspenderlo. Hay compañeros que prefieren orientar sus investigaciones a otra área o espacio».
Lo mismo sucede con los hallazgos que son reportados. Hace un par de años, cuenta Santos Ramírez, les informaron de unas casas acantilado cerca del Ejido California, también en San Ignacio. Fueron, tomaron fotografías, pero después de que la comunidad fue atacada por sicarios y las familias abandonaron el lugar, ya no pudieron regresar a hacer un registro más detallado.
«En mi caso, como director del proyecto de investigación en Las Labradas, tenemos la zona arqueológica operando y no hay mucho problema porque forma parte de la zona turística de Mazatlán, que está a 50 kilómetros».
Recuerda que en 2009, cuando la zona no obtenía aún la declaratoria federal, los turistas que llegaban a Las Labradas eran asaltados por jóvenes del poblado vecino de La Chicayota. «La situación continuó hasta que el grupo (de narcotraficantes) que controlaba la plaza eliminó al cabecilla de los delincuentes. Lo ejecutaron y lo dejaron en el camino; el resto de la banda huyó y a la fecha es un lugar muy tranquilo. Estos grupos tienen mayor control que las propias autoridades, que están rebasadas».
Municipios sinaloenses como Choix y Badiraguato continúan siendo peligrosos. Si los arqueólogos necesitan acudir en respuesta a una denuncia de saqueo o para hacer algún recorrido, se aseguran de tener antes el permiso de la autoridad local.
«Aquí en Sinaloa nos queda claro que si no te metes con nadie, y explicas por qué vas, no te pasará nada», afirma Santos Ramírez. «Depende también de la época del año. En la temporada de cosecha no se puede pasar; las personas tienen temor porque cualquier presencia ajena puede generar una reacción».
Punzo, quien actualmente trabaja en Michoacán, cuenta que se mueven con precaución: viajan en vehículos oficiales, con credenciales del INAH y ropa que los identifica como miembros de la institución.
«Tenemos proyectos en zonas complicadas, como la Tierra Caliente», indica. «Uno puede ir y hacer ciertas tareas. El problema surge cuando son proyectos a largo plazo, o si buscando un sitio arqueológico uno llega de manera accidental a lugares donde hay plantíos ilícitos».
Durante las temporadas de campo en la Cueva del Maguey, recuerda, los arqueólogos comían y dormían en las rancherías cercanas. El problema fue que llegaron grupos del crimen organizado procedentes de otros lugares. Les enviaron notas amenazantes hasta que decidieron salir del sitio de casas acantilado.
«En esos casos no se puede trabajar porque ya no es posible generar un vínculo con la comunidad, que te apoya y protege, porque también están siendo amenazados».
Santos Ramírez reconoce que en la sierra de Sinaloa hay sitios de pintura rupestre y casas acantilado que no han sido explorados, debido a que en esos lugares de difícil acceso se corre un mayor riesgo. «Nadie se va a meter allá. Por eso, también son regiones que permanecen sin ningún tipo de afectación al patrimonio».
Lo que preocupa en estos días al arqueólogo hidalguense, quien desde hace 13 años radica en Sinaloa, es la presencia de grupos armados en las carreteras, reportada por los ingenieros a cargo del gasoducto que se construye en el estado, con quienes el INAH realiza labores de salvamento arqueológico. «Incluso los han detenido y les han preguntado qué están haciendo ahí. Se está volviendo algo muy común».
Punzo cuenta que han recorrido y hecho excavaciones en lugares como Huetamo, Chavinda, Sahuayo y Tingambato, sin que hayan tenido percances, pero está consciente de que el riesgo existe. «Somos sumamente vulnerables, eso es un hecho. Es terrible decirlo, pero uno se acostumbra a vivir y trabajar de esta manera».
Divulgación CIESAS 